La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que ha detectado este organismo de control en Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por $6 mil millones, adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados.

Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica.

El primer proceso que se adelanta es por más de $220 mil millones de pesos y tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe.

El segundo es por más $de 6 mil millones de pesos y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales.

Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo.

Daño patrimonial por uso indebido de subsidios

El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica, está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años.

En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados.

Y la indagación se dio que luego la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas.

El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional: Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017-

La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.

Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe.

Investigación por irregularidades en proyectos de normalización de redes eléctricas

El otro tema que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe tiene que ver con los hallazgos detectados en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa durante las vigencias 2008 a 2014.

Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe.

Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira; Bolívar y Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas.

En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.

La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de $6.078 millones.

Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría: obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado alto anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos dispuestos.